GIC

El Salvador

La Educación Superior Pública de Calidad

                El derecho a la educación está consagrado en el artículo 53 de nuestra Constitución.

La educación superior pública constituye un pilar fundamental en el desarrollo económico y social de cualquier país.  Económico porque siendo el trabajo uno de los factores que potencia el crecimiento,  entre mejor calificado sea quien lo desempeña más efectivo será el resultado y social porque existe una relación entre el nivel educativo del individuo y su nivel de ingreso,  lo que le permite subir en la escala social.

 La educación superior pública debe ser   prioridad en las políticas públicas y no debe ser politizada porque  gran parte de la población que aspira a realizar estudios superiores desea una educación de calidad. Con ello se evitaría un costo económico significativo del presupuesto familiar y es que el Estado debe  implementar una visión de país responsable,  dándole la importancia debida a la educación universitaria. La calidad y el costo económico  son los dos polos mutuamente excluyentes  entre los que se mueve actualmente la elección de cualquier joven al escoger donde realizar sus estudios. 

La ineficacia e ineficiencia del Estado en el cumplimiento de su función redunda en costos monetarios para el ciudadano, en el sentido de que en otras circunstancias sociales o geográficas no tendría que asumir y que  sin embargo reviste gran importancia dada la situación económica que los salvadoreños atraviesan en los últimos años.

Lo importante es que  la población de todos los estratos sociales pueda  competir fuertemente por una plaza dentro de la carrera de su elección en las universidades públicas y quien decida estudiar en el sector privado sea por elección propia. 

Asimismo debe  detenerse bien claro que no se trata de un simple salir del paso,  no se trata de construir edificios y abrir las aulas a quien desee acceder a la Universidad sino de que dicha educación sea de calidad y acorde al nivel de país que se aspira.

Catedráticos en capacitación,  investigación constante,  bibliotecas y laboratorios de primer nivel, relaciones internacionales y acuerdos de cooperación con instituciones de alto prestigio,  intercambios académicos, orientación profesional a los graduados y creación de oportunidades para su inserción laboral,  son  algunas de las características a las que se debe aspirar.

Es necesario ejecutar acciones que potencien la calidad de la educación superior pública, debido a que  la obligación de brindar educación,  es una función que el Estado no puede delegar por completo  al sector  privado.

Para que el derecho a la educación consagrado en la constitución sea efectivo, es imprescindible que exista una estrategia definida respecto al rol de la educación superior pública, que garantice su calidad y coadyuve al desarrollo económico y social del país.